La jornada del 8 de septiembre, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, entregó a la Cámara de Diputados su propuesta de Paquete Económico 2023.

A saber, que dicho paquete está conformado por tres elementos: los Criterios Generales de Política Económica, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

En ese sentido, la mayor disputa y debate suele presentarse en los Criterios Generales de Política Económica, toda vez que en ellos se encuentran los supuestos y la base macroeconómica que dan soporte y dirección a la política hacendaria hacia adelante.

Como algunas autoridades fiscales habían anunciado con anterioridad, no se presentaron cambios en la miscelánea fiscal, es decir, no se adicionan nuevos impuestos para los contribuyentes, lo cual se encuentra en línea con el discurso y retórica del Gobierno federal; sin embargo, cada vez es menos sostenible dicho régimen fiscal de cara a la desafiante coyuntura económica actual.

Respecto al Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (considerado como la medida más amplia para evaluar la deuda gubernamental), este mantendría una dinámica estable y similar a los niveles registrados en lo que va del actual sexenio. Lo anterior responde al pilar que ha destacado el Gobierno federal con el compromiso de finanzas públicas sanas, elemento que ha sido heredado de anteriores administraciones; sin embargo, moldeado e instrumentado de manera destacable por la actual.

Otro elemento que siempre reluce cuando se hablan de finanzas públicas es el particular caso de PEMEX, no solo por su relevancia como generador de ingresos sino también, contrariamente, como potencial elemento de riesgo para el cumplimiento de metas fiscales y generador de presiones que provoquen un deterioro en el perfil soberano. En ese contexto, la Secretaría fue muy clara al apuntar que, el presupuesto presentado no contempla algún estímulo adicional para PEMEX en su escenario base. No obstante, evaluaría otorgar un soporte adicional si la situación lo amerita y con la condición de no comprometer la posición de las finanzas públicas.

Ahora, no es posible mencionar el paquete económico sin analizar los supuestos en los que yace la dirección de la política pública y es que, como ya es costumbre, se vuelve a presentar un optimismo que, a nuestro parecer, no está justificado.

Un estimado de crecimiento puntual de 2.4% para el 2022 si bien parece optimista, es un escenario probable y alcanzable, en especial luego de algunas sorpresas positivas en indicadores de servicios y de mercado laboral en México. Sin embargo, el estimado puntual de 3.0% para 2023 nos parece fuera de toda realidad, francamente inalcanzable y resulta riesgoso, aventurado e irresponsable hacer ese supuesto por las potenciales sobreestimaciones de los ingresos presupuestales en las que se pueden incurrir.

Nuestra disyuntiva con el estimado de crecimiento de 2023 tiene como base el hecho de que no observamos ningún motor ni catalizador interno que fundamente tal variación, inclusive, nos llama la atención que la misma Secretaría acepta la ralentización de la economía estadounidense al estimar que la misma crecería solo en 1.8% en 2023. Ante tal hecho, y dado el fuerte nexo comercial que existe con Estados Unidos, no parece razonable pensar que tal desaceleración no tendrá impacto en el des-empeño de la actividad económica; hacer aseveraciones de ese tipo nos parece ignorar la realidad y restar importancia al desafiante entorno económico prevaleciente.

Ahora, ¿por qué desata tantas críticas un estimado de crecimiento?, ¿qué efectos tiene la sobreestimación de los ingresos? Para intentar responder, hay que recordar cuáles son las fuentes de ingresos del Gobierno federal: principalmente obtiene recursos de manera tributaria y no tributaria (comercialización de petróleo). La primera de ellas está fuertemente relacionada con el nivel de ingresos de los contribuyentes, es decir, mientras mayor sea el dinamismo económico al interior, mayor sería la recaudación. La segunda está más relacionada con el exterior: con el precio internacional del crudo y la actividad económica mundial.

En ese sentido, y ante la compleja situación que se vive, estimar que se tendrá un nivel de ingresos apoyado por un crecimiento del orden del 3% cuando ambas fuentes de generación dan señales de desaceleración, se traduciría en un aumento mayor al estimado en el déficit fiscal, recortes en programas sociales que sí han demostrado traspasar al bienestar social y apretamientos fiscales adicionales toda vez que se han agotado fondos de estabilización.

Por ello, si bien la propuesta no representó grandes sorpresas en términos fiscales, las consecuencias de la sobreestimación de ingresos sobre el bienestar de la sociedad podrían ser considerables y por ello, deberían captar por completo la atención de las autoridades hacendarias; elemento que, desafortunadamente, no se logró con tal propuesta.